La organización gremial y los centros de formación profesional
* Escribe María Lorena Baliotte
Secretaría de Capacitación
Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Seccional provincia de Buenos Aires.
Desde la emergencia de la sociedad industrial la formación profesional tuvo un papel relevante en la contribución al desarrollo. Pero, la actual conjunción de sociedad del conocimiento y profundas transformaciones en el mundo del trabajo y en las relaciones societarias la instala como una cuestión central para la vinculación entre desarrollo económico y progreso social.
La significación actual de la formación profesional se expresa con contundencia en las “Conclusiones sobre las calificaciones para la mejora de la productividad, el crecimiento del empleo y el desarrollo” aprobadas en la Conferencia Internacional del Trabajo -OIT- 2008 en las que se convoca a los Estados miembro y a los actores sociales a: “fortalecer la educación, la formación profesional y el aprendizaje permanente como los pilares fundamentales de la empleabilidad, el empleo de los trabajadores y el desarrollo sostenible”.
Por su parte, la Recomendación “Sobre el desarrollo de los recursos humanos” (OIT 2004) exhorta a formular y a aplicar políticas de educación, formación y aprendizaje permanente que promuevan la empleabilidad de las personas a lo largo de toda la vida, situando a las personas en el lugar central del desarrollo económico y social y manifestando que la educación y la formación de calidad son un derecho para todos. Aborda la vinculación con temas tales como la productividad y el trabajo decente y otorga una relevancia singular al diálogo social, plural e intersectorial.
Más recientemente aún, en el Pacto Mundial para el Empleo, adoptado en la Conferencia Internacional del Trabajo 2009, entre las respuestas a la crisis se incluye: la puesta en “práctica de programas de formación profesional y de desarrollo de competencias empresariales tanto para personas con empleo asalariado como para personas con autoempleo”, la inversión en el “desarrollo de las competencias laborales, el perfeccionamiento profesional y la readaptación profesional de los trabajadores para mejorar su empleabilidad”.
Finalmente, la Ley N° 26058/05 de Educación Técnico Profesional en nuestro país, refiere a la necesidad de alcanzar mayores niveles de equidad, calidad, eficiencia y efectividad de la Educación Técnico Profesional a través del fortalecimiento y mejora continua de las instituciones. A su vez define a la Formación Profesional como “el conjunto de acciones cuyo propósito es la formación socio-laboral para y en el trabajo, dirigida tanto a la adquisición y mejora de las cualificaciones como a la recualificación de los trabajadores”.
Indudablemente se están construyendo nuevos imperativos sobre la formación profesional, en la que el Estado, los gremios y los empleadores, deben asumir cada vez más responsabilidades compartidas. Por su parte, las entidades gremiales luchan desde su fundación por la creación de más y mejores empleos; pero estas organizaciones asumen hoy un rol protagónico y responsable en la formación de los trabajadores que representan, atendiendo tanto a la calidad de la oferta como a la de los servicios educativos que gestionan.
Otra de las formas a través de las cuales se manifiesta la creciente centralidad que adquiere la formación profesional con relación a las asociaciones sindicales, es en su transformación en objeto de diálogo social. Los actores del mundo laboral reconocen la estrecha relación existente entre, la capacitación y temas tales como la productividad y competitividad de las empresas, o en el desarrollo de carrera de los trabajadores. Es así que la formación profesional de los sujetos, se convierte en materia de negociación colectiva, como ejemplo del tipo de diálogo social más reconocido y prestigioso.
Surgen entonces, en este contexto nuevas ideas y líneas de acción para fortalecer desde las organizaciones gremiales, la formación de los trabajadores y considerar esa capacitación, como un capital en el cual es necesario invertir. Justamente, uno de los principales desafíos es revalorizarla como derecho humano fundamental, no sólo abordando en las discusiones tripartitas las cuestiones del empleo evaluadas en términos cuantitativos (por ejemplo acotar la negociación sólo al tema salarial), sino también en la búsqueda constante de la calidad del trabajo. Para enfrentar estas complejas responsabilidades, quienes gestionen acciones de formación profesional deberán innovar profundamente sus objetivos, contenidos, modalidades e incluso su propia institucionalidad.
Sabemos que desde las instancias gubernamentales quienes toman decisiones en materia de políticas públicas en la provincia, inciden en problemáticas que pueden favorecer aspectos relativos a la empleabilidad, como por ejemplo, la igualdad de oportunidades. Del mismo modo, las entidades sindicales, pueden contribuir a que los trabajadores accedan a Centros de formación profesional que se ajusten a la realidad de los sectores productivos y se vinculen éticamente con la demanda laboral, gestionando junto al Estado estas organizaciones.
La creación de centros de formación profesional por parte de UPCN seccional provincia de Buenos Aires, visualiza ejemplos exitosos sobre cómo una entidad sindical, puede favorecer a generar simultáneamente empleos decentes (OIT) y servicios de capacitación de calidad; y a su vez, mejorar las condiciones de empleabilidad de los trabajadores y promover el cumplimiento de uno de sus derechos básicos: el acceso a la formación profesional.
