UPCN reclamó que un plus salarial se pague a todos los trabajadores estatales de la Provincia

La organización gremial denuncia una acción arbitraria y discriminatoria por parte del Ejecutivo.

Mediante una nota presentada por el secretario General de la UPCN Seccional provincia de Buenos Aires, Carlos Quintana, a la gobernadora Vidal, la organización gremial reclamó a la Provincia que haga efectivo el pago a la totalidad de trabajadores públicos bonaerenses de una bonificación que reemplaza a las denominadas URPES.

La bonificación surge en 2008 cuando por un decreto se transformaron las denominadas URPES en un “Adicional ARBA”, para los agentes del organismo recaudador. En 2015, ese plus se replicó para los agentes del ministerio de Economía con el formato de bonificación remunerativa no bonificable. “Se fundamentó en la imposibilidad de escindir la vinculación que mantienen la cartera de Economía y ARBA, en tanto los recursos recaudados por ésta, son consecuencia directa de la ejecución de la política tributaria definida por aquella”, recordó Quintana.

Luego, a través del decreto 1415/18 se extendió el beneficio al personal de la Jefatura de Gabinete. UPCN sostuvo en su presentación que esa norma no remite a lo que se había resuelto específicamente para ARBA y luego para Economía, por lo que deduce que “la bonificación se convierte en una asignación de carácter general”.

Este plus, en promedio, es de unos $5.500 mensuales para cada agente. Esta bonificación se calcula sobre el 125% del sueldo básico que perciben los trabajadores.

La organización gremial dio 5 días de plazo a la administración de Vidal para que brinde una respuesta favorable al reclamo laboral. Vencido el mismo "y en caso de silencio o negativa, quedará habilitada la vía judicial", sostuvo el titular de UPCN.

En la nota la organización gremial afirmó que: “No existen razones fácticas ni jurídicas que sostengan el porqué de la exclusividad de la percepción de este plus por el personal del ministerio de Economía y de la Jefatura de Gabinete”. El texto agrega que “no existen razones objetivas que justifiquen aplicar aumentos salariales no igualitarios entre el personal de la ley 10.430, constituyéndose en una conducta arbitraria”.

El reclamo concluye en que “ese trato desigual afecta la garantía constitucional de igual remuneración por igual tarea” como así también el convenio 100 de la Organización Internacional del Trabajo, por lo que se exige que la mencionada bonificación se haga extensiva a todo el personal en actividad de la ley 10.430.